Reciclamientos de una violencia contumaz

 

 

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó, preocupada en extremo por lo vivido en los últimos meses, quiere dejar constancia ante el país y el mundo de la degradación que se vive en la región, efecto de las estrategias políticas del Estado y del Establecimiento en esta coyuntura en que se ha firmado un cese de fuego con un movimiento insurgente, si bien en un mar de incoherencias e incumplimientos.

 

1. La violencia que ha afectado a la zona en la cual se inscribe nuestra Comunidad de Paz, estuvo determinada durante muchas décadas por la presencia de frentes guerrilleros y al mismo tiempo por estrategias represivas criminales de parte de la fuerza pública y una red enorme de estructuras paramilitares que contaron siempre con la incentivación, asesoría, tolerancia y protección de la fuerza pública. La represión criminal contra la población civil, que produjo muchos centenares de muertos, torturados, víctimas de montajes judiciales y falsos positivos y de otras numerosas violaciones de los derechos fundamentales, se apoyó siempre en el mecanismo de considerar como insurgente a todo inconforme o miembro de cualquier movimiento u organización social. Al desmovilizarse la guerrilla de las FARC, se ha podido comprobar q ue las estructuras paramilitares, estrechamente ligadas a la fuerza pública, han querido copar los espacios dejados por dicha guerrilla y tratar de dominar todo el territorio del corregimiento. Esto ha sido concomitante con una nueva incentivación de los cultivos de coca, actividad que está sirviendo de apoyo financiero al paramilitarismo. Para un control más riguroso de la zona, los paramilitares están estableciendo puntos de informantes a su servicio en todas las veredas y exigen que las comunidades los designen como miembros de las juntas comunales. Ya en una de las veredas, la presencia de dichos informantes ha provocado un desplazamiento forzado. Es claro que los paramilitares están dotando a dichos informantes de armas, lo que implica una nueva extorsión violenta sobre las comunidades, y también hay casos evidentes de reclutamiento de menores. La financiación del paramilitarismo en su nueva expansión, está recurriendo también a impuestos ilegales o “vacunas”, que los propietarios de ganado, carniceros, comerciantes y trabajadores deben pagarles, pero también la gente del común es forzada a vincularse a sus proyectos productivos  para luego aportarles también impuestos. Es evidente la vinculación de muchos campesinos de la zona, en diversos grados, y no pocos por temor o por la presión de la supervivencia, a dichas estructuras o proyectos paramilitares. Incluso han infiltrado los espacios de nuestra Comunidad de Paz con intención de reclutar a uestros integrantes para sus proyectos o al menos como puntos de información.

 

2. Por otra parte se han multiplicado visitas a la zona de altos funcionarios del Estado, como el Vicepresidente, algunos parlamentarios, autoridades militares, el Alcalde, defensores, procuradores, siempre acompañados por periodistas cooptados, estrategia que tiene por objetivo evidente dar una imagen positiva de la zona y negar todas las estrategias paramilitares y represivas. Se aduce que como en los últimos tres años no ha habido muertos, entonces la región “se encuentra en paz”, cerrando los ojos al dominio paramilitar; a las amenazas y planes de exterminio de la Comunidad de Paz y a las estrategias difamatorias contra quienes,  como nuestra Comunidad, no dejamos de denunciar las atrocidades.

 

3. Desde hace varios meses se percibe, por parte de la Brigada XVII del Ejército y de las estructuras paramilitares, un afán de calumniar y estigmatizar el acompañamiento internacional, que ha constituido la principal protección con la cual ha contado nuestra Comunidad de Paz, ya que de parte de las instituciones del Estado sólo hemos recibido agresiones,  siendo víctimas permanentes de modalidades de persecución, exterminio y genocidio. El Comandante de la Brigada ha elaborado falsas versiones de intervenciones de los acompañantes y las ha transmitido a otras instituciones del Estado y a la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos; ha tomado fotografías y datos de identidad de algunos acompañantes, contra toda norma legal, y los ha difundido en documentos de circulación interinstitucional con la  intención no disimulada de que la Cancillería restrinja sus actividades de acompañamiento. En concomitancia con esto, los paramilitares han venido anunciando, cada vez con mayor énfasis, su decisión de atentar contra los acompañantes internacionales en la medida en que éstos impidan el desarrollo de sus planes.  Recientemente, en cercanías de un retén militar, asaltaron a miembros del Consejo Interno de nuestra Comunidad quienes se movilizaban en un vehículo de servicio público y les robaron, a mano armada, el dinero producto de la comercialización comunitaria del cacao; cuando los acompañantes internacionales protestaron, lanzaron una amenaza directa contra ellos, anunciando que si van a estorbar sus planes, atentarán contra ellos para  sacarlos de en medio. Esta amenaza que se ha repetido con frecuencia por parte de los paramilitares, mira a destruir la protección moral, la única que nuestra Comunidad ha aceptado, rechazando las protecciones armadas que el Estado ofrece pero que desconocen el principal de nuestros principios fundantes que es el rechazo a usar armas y a colaborar o convivir con cualquier actor armado.

 

4. Podríamos decir que nos encontramos en una situación similar a la de 1997, cuando era evidente que el único proyecto que tenía viabilidad para la zona era el de dominio y control absoluto del paramilitarismo sobre la vida, la economía, la política y la cultura de la población de la zona. El Estado, por supuesto, no lo afirmó así en ninguno de sus documentos o expresiones públicas pero sí lo afirmó rotundamente en sus prácticas, principalmente en la politización sesgada de su aparato judicial, en las omisiones de los Presidentes y sus oídos sordos a los clamores de las víctimas, en la connivencia y unidad de acción de su fuerza pública con el paramilitarismo y en sus política de negar todo lo que lo pueda comprometer, ocultando la realidad trágica y dolorosa de las víctimas y elaborando estrategias de solución que no tocan para nada las raíces de los crímenes sino que las silencian, las niegan y las encubren.  Ahora se evidencia que son los mismos criterios los que se imponen: los soldados han repetido por las veredas que no van a perseguir a los paramilitares sino a los que los denuncian y eso es lo que se comprueba en la práctica. Los paramilitares, por su parte, se sienten seguros y asumen una actitud arrogante como queriendo afirmar que “son Estado” y que no hay nada que hacer contra ellos; que la única actitud sensata es callarse y aceptarlos como suprema autoridad de la zona, mientras ellos amenazan, dominan y saquean los bienes de subsistencia de los campesinos.

 

Si todo esto contrasta con el discurso oficial y el de los medios masivos de información, por ello justamente queremos denunciar y compartir nuestros análisis y nuestra preocupaciones con aquellos que aún creen en la dignidad humana y que han apoyado nuestra resistencia durante varias décadas, a los cuales les reiteramos nuestra inmensa gratitud.

 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Agosto 29 de 2017

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