CIDH - MEDIDAS DE PROTECCIÓN: COMUNIDAD DE PAZ

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó acude ante el país y el mundo para dejar constancia de los últimos hechos que la afectan profundamente.
Como en todos estos 23 años de resistencia civil, nuestra Comuidad de Paz sigue expresando sus preocupaciones sobre la continuidad de la violencia en el territorio de su entorno y dejando constancias sobre las agresiones que atentan contra sus derechos y su dignidad. Es un hecho que el paramilitarismo sigue presente y con dominio progresivo de la región, gracias a la tolerancia y complicidad de las instituciones. Ahora los paramilitares han implantado un plan de reclutamiento, tanto de personas adultas como de menores de edad, en el corregimiento de San José y sus veredas. Los reclutados están siendo llevados a los municipios de Chigorodó, Mutatá (corregimiento La Fortuna) y otros lugares del Urabá Antioqueño y del Chocó, para recibir entrenamiento militar, según lo relatan los pobladores.
Lo más preocupante es la inutilidad de la presencia del ejército y de la policía en san José de Apartadó. Desde 2005 están allí, en una gran base militar y un costoso búnker policial, violando el Derecho Humanitario y las sentencias de la Corte Constitucional que prohíben que se ubiquen en medio de la población civil y a escasos metros de los colegios. Además están conviviendo con los paramilitares y permiten que estos realicen trabajos de reclutamiento, cobros de impuestos ilegales y permanentes amenazas contra nuestra Comunidad de Paz. Ya en las últimas semanas se ha sabido que los reconocidos paramilitares alias “RENÉ” y alias “El BURRO” se la pasan en San José acompañados de hombres armados que les prestan seguridad para que ellos puedan realizar los trabajos de reclutamiento y de extorsión, la mayoría de la veces en medio de la presencia militar y policial.
Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguientes:
Es claro que los paramilitares están utilizando a la población civil para agredir a nuestra Comunidad de Paz, ya sea para dañar nuestras cercas y cultivos, como en el caso de nuestro predio La Roncona, ya para penetrar en nuestros predios y buscar informaciones, como en el caso de la manipulación del Sr. Montoya por militares y paramilitares, ya para invitar a invadirnos, como lo está haciendo el Alcalde de Apartadó, ya para planear la destrucción de nuestros espacios sagrados y borrar la memoria de nuestras víctimas, como en los casos de las juntas comunales de La Unión y de Mulatos Medio. El paramilitarismo tiene todo el control sin ser molestados por nadie así lo han manifestado los mismos paramilitares, se la pasan organizando planes para amenazar a integrantes de nuestra Comunidad y para controlar y extorsionar a todo nuestro entorno campesino con impuestos ilegales y todo tipo de amenazas y extorsiones. Ya no saben cómo más agredirnos. Lastimosamente la fuerza pública se está prestando para todo eso o al menos para tolerar todos esos planes mediante las políticas de “oídos sordos” y “brazos caídos” y todas las demás formas de complicidad activa y pasiva.
El próximo 21 de febrero será la conmemoración de los 15 años de la masacre de Mulatos y La Resbalosa, hechos que aún siguen en la impunidad, pues los culpables siguen siendo exonerados de manera escandalosa. En efecto, el 30 de diciembre de 2019, la Magistrada CLAUDIA ROCÍO SALDAÑA, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, emitió la Resolución 008169, en la cual suspende órdenes de captura y deja en libertad a 3 de los victimarios ya condenados por la Corte Suprema en Casación, y les otorga el privilegio de acogerse a los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- a los 10 militares que ya habían sido condenados por la horrenda masacre, pasando por encima de la misma Ley Estatutaria de la JEP, pues dichos victimarios no habían cumplido el requisito más elemental de comprometerse con la JEP a revelar la verdad sobre el horrendo crimen. La JEP asume así una política de impunidad abierta y desafiante, no solo por violación de su mismo Estatuto legal sino por vincular al procedimiento de justicia transicional privilegiada a quienes perpetraron crímenes de barbarie sin ninguna relación con el conflicto armado, pues sólo con argumentos muy absurdos o con manipulaciones en exceso perversas, podrían alegar que miembros de nuestra Comunidad de Paz, conformada precisamente para no participar en el conflicto armado ni colaborar con ninguno de sus actores, y sus mismos niños inocentes, participaban en alguna fuerza beligerante. Por encima, pues, del derecho, aun en sus versiones más arbitrarias, y en contra de toda racionalidad, la JEP se sitúa en contravía de toda justicia y de toda ética. Nuestra comunidad de paz siempre estará al lado de una verdadera justicia que brinde un verdadero alivio moral a quienes hemos sufrido en carne propia el flagelo de la guerra y del terrorismo de Estado y no una justicia que encubra a los autores intelectuales de la barbarie y premie a los responsables del horror y además les brinde mecanismos que los exonere de toda culpa.
Sólo nos queda agradecer nuevamente de corazón a todas aquellas personas y organizaciones que han creído en nuestra resistencia, y nos han acompañado físicamente, moralmente y políticamente, desde el país y el mundo. Hoy los invitamos a no desfallecer porque su apoyo desde la distancia nos fortalece y nos llena de valor para seguir adelante.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
5 de febrero de 2020
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